Por Diego Cabot
SI algo faltaba hasta hace 15 días era calma en el mercado de las telecomunicaciones argentinas.
Una licitación de urgencia, la aparición de nuevos jugadores, una discusión por un pago en dólares, en pesos o en bonos e impugnaciones administrativas. Todo condimentado con la ya añeja pelea entre el Grupo Clarín y el Gobierno y con enormes deficiencias en la prestación de servicios, especialmente, de telefonía celular.
Así estaba la cosa cuando desde la Casa Rosada anunciaron que se enviaba al Congreso un proyecto de ley llamado Argentina digital. Y, entonces, la cosa se puso peor.
El Congreso será caja de resonancia de palabras como convergencia, autoridad de aplicación, triple play, cableoperadores y telefónicas. Una segunda parte de aquella discusión de hace cinco años cuando se aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual o ley de medios.
El negocio y los jugadores de un mercado tan dinámico como el de las telecomunicaciones cambiarán en pocos meses. Argentina digital, la nueva ley de telecomunicaciones, se va a discutir en el mismo momento en que se licitaron las licencias para operar la tecnología 4G, además de un residual del espectro en el que se cursan las comunicaciones de 3G.
Semejante paquete de negocios en un mercado regulado no deja de generar polémica, no sólo entre los privados que se acusan debajo de la mesa de que unos pocos se benefician con la norma, sino respecto del rol que tendrá el Estado. Más aún cuando se conocieron los artículos de la nueva ley y aparecen términos como servicio o interés público. Y claro está, estos inocentes vocablos puestos en una ley que aplicará el kirchnerismo no dejan de despertar urticaria entre las empresas del sector. Eso sí, urticaria silenciosa.
Lo primero que surgió es la licitación para entregar cuatro licencias para operar 4G, además de un cuarto de la licencia de 3G que devolvió Telefónica cuando fusionó a Unifón con Movicom para alumbrar Movistar. En esa millonaria licitación aparecen tres nombres conocidos: Telefónica, Telecom y Claro. Pero habrá uno nuevo: Arlink, una compañía del conglomerado de empresas que comandan Daniel Vila y José Luis Manzano. Los ausentes fueron Cablevisión, que prefirió impugnar el proceso, y Nextel, un viejo luchador que bregó por esta licitación hace años, pero que ahora está en caída.
La licitación de 4G está llena de dudas. El apuro con el que se armó el proceso ha sido criticado por todos los actores. Pese a haber podido abrir el concurso hace años, el Gobierno decidió que todo se condense en pocas semanas para lograr que entren dólares a las maltrechas reservas. Hace 10 días, el Estado entregó los paquetes, uno a cada telefónica y otro a Arlink. Las críticas llovieron desde que se publicaron los pliegos.
Los que están fuera del negocio, con excepción de Vila y Manzano, consideran que no hubo incentivos para el ingreso de los nuevos jugadores. Dicen que las operadoras que ya están en el negocio tienen una distancia tan enorme con los ingresantes que es imposible de achicar. De ahí los interrogantes respecto de qué y cómo hará Arlink para cumplir con las condiciones de inversión que establece el pliego. Si las ganadoras cumplen, deberán entregar 500 millones de dólares por la licencia y desembolsar 1500 millones adicionales para encender la red de 4G. De aquella cuota inicial ya se sabe que el 30% se pagará en Boden 15. Las condiciones establecen que los bonos debían comprarse antes de la licitación y estar en las carteras de los oferentes. Poco se sabe de esa condición.
¿Habrá aportes en dólares contantes y sonantes cuando se entreguen las licencias? Ésa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Las tres telefónicas son multinacionales. Vila y Manzano, un grupo nacional, es la gran incógnita. Todo se develará en días, cuando se adjudiquen las licencias.
Además de esa cifra en inversión en red y pago de la licencia, habrá varios millones en publicidad y otro tanto para subsidiar el parque de celulares. Sucede que 95% de los teléfonos encendidos en el país no soportan la red de 4G. Uno o dos modelos -entre ellos, el último iPhone, que no se vende en la Argentina- son los únicos aptos. Los demás seguirán con posteos en 3G. Las operadoras deberán subsidiar una parte del precio, como siempre hicieron con algunos modelos.
"Esta red se debería haber instalado hace años. Entonces los años de amortización de la inversión eran más largos. La amortización es más corta y la amortización tiene que ser más acelerada. Eso significa más costos", dijo un hombre que analizó de cerca los números de la licitación.
"Son alrededor de 2900 millones de dólares de inversión con poca capacidad de monetizar los nuevos servicios", dice otro ejecutivo de una empresa de comunicaciones. Además, se pregunta, ¿están los dólares para importar antenas y equipos como para que entre las cuatro empresas inviertan 3000 o 4000 millones de dólares en la red? Preguntas que aún no tienen respuestas.
Cablevisión, una de las que estaban más interesada en participar de la puja, se quedó al margen. En la empresa del Grupo Clarín adujeron no tener acceso al mercado cambiario como para poner 500 millones de dólares de licencia. El Gobierno contestó que debía ser en moneda extranjera y no en pesos. Y entonces no participaron y decidieron impugnar la licitación. El proceso sigue en sede judicial y terminará en la Justicia.
SOBRE LLOVIDO, MOJADO
Como si no hubiese movimientos, el Gobierno envió sorpresivamente el proyecto de ley Argentina digital, una nueva ley de telecomunicaciones. La norma está barnizada en el objetivo declamado de democratizar el mercado y modernizar la regulación. Allí las primeras dudas: cuál es el propósito escondido de una iniciativa que se monta sobre el andamiaje de la polémica ley de medios.
A decir de Gustavo Fontanals, un politólogo e investigador de la UBA que publicó un artículo en Bastión Digital, el proyecto quiere englobar bajo una misma normativa al vasto campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Dice que alienta la confluencia de redes de telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales para la prestación de servicios de transmisión de voz, audio, video y datos en general.
La ley logró un punto de consenso: la convergencia tecnológica. Raúl Martínez Fazzalari, abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones, dice que claramente ésa es la tendencia en el mundo desde hace años. "No hay posibilidades de ir para otro camino", dice.
Algo similar piensa Martín Becerra, investigador del Conicet y profesor de las universidades de Quilmes y de Buenos Aires. "Seguir impidiendo el cruce de telecomunicaciones a audiovisual, y viceversa, es antediluviano", dice desde Bogotá.
Dicho esto, vienen las discordancias. Fontanals considera que Argentina digital replica la principal falencia del marco normativo vigente: "La capacidad discrecional del Poder Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales. Excluye a otros canales institucionales".
Martínez Fazzalari y Becerra consideran que la apertura de mercados (como la televisión paga) puede generar competencia desigual entre grandes con chicas. El caso del que todos hablan es Telefónica, ahora habilitada a dar televisión, y su competencia con el cable. Los dueños de las redes se quejan de que la empresa podría dar desde el momento en que se promulgue la ley un servicio satelital similar al de DirectTV que ya presta en Brasil. Cerca de la empresa hacen otra lectura. Dicen que ellos son los entrantes en un mercado que está consolidado y que deberían cablear ciudades y, además, robar clientes a empresas muy establecidas.
Habrá razones de los dos lados; nada que no pueda resolver un Estado regulador. El problema radica en que nadie confía en él.
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