viernes, 21 de octubre de 2016

Panel sobre "Nuevas narrativas en la era digital" en la @TransmediaWEEK



Panel "Nuevas narrativas en la era digital"
  • Julio Bertolotti. Gerente de Producción del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Dirige el Neotvlab de la UNTREF.
  • Francisco Albarello. Doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral. Docente investigador en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Dicta clases en nivel de grado y posgrado.
  • Gustavo Mónaco. Consultor y director de 1984 Media Consulting, compañía de entretenimiento, nuevos medios e Internet.

jueves, 6 de octubre de 2016

Semana de la Transmedia en Ciencias Sociales


Semana de la Transmedia - Actividad central





mié 26 de octubre de 2016
18:00 – 21:00

Panel "Nuevas narrativas en la era digital"

  • Julio Bertolotti. Gerente de Producción del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Dirige el Neotvlab de la UNTREF.
  • Francisco Albarello. Doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral. Docente investigador en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Dicta clases en nivel de grado y posgrado.
  • Gustavo Mónaco. Consultor y director de 1984 Media Consulting, compañía de entretenimiento, nuevos medios e Internet.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Sociales formará parte de la @Transmedia_Week


La Facultad de Ciencias Sociales formará parte de la @Transmedia_Week, el evento colaborativo mundial que se realizará del 24 al 30 de octubre#Transmedia

jueves, 22 de septiembre de 2016

Aceleran la competencia en telecomunicaciones


Autorizarán a Cablevisión a dar 4G; las telefónicas brindarán TV paga en 2018

Nextel, operadora móvil del Grupo Clarín, será autorizada en uno o dos meses a dar servicios móviles 4G en las frecuencias que adquirió en las bandas de 900 MHz y 2,5 GHz. Telefónica, Telecom y Claro recibirán ahora sus licencias para ofrecer TV paga a partir del 1° de enero de 2018, sin más prórrogas. DirecTV podrá volver a dar acceso a Internet por redes fijas, como hacía antes del DNU 267/2015, que derogó parcialmente las leyes de medios y Argentina Digital, y así le prohibió actuar en ese negocio. A su vez, las pymes y cooperativas del sector convergente podrían recibir algún tipo de protección en localidades pequeñas. Todo esto podría ocurrir antes de fin de año, según coincidieron fuentes oficiales y privadas consultadas por LA NACION.
El presidente Mauricio Macri se cansó de esperar y de recibir quejas de los CEO globales de las principales empresas y buscará dar impulso a la convergencia real de las comunicaciones para estimular la inversión privada (todavía rezagada en el sector), mejorar los servicios y bajar los precios.
En los decretos y resoluciones ya trabajan el presidente del Enacom, Miguel De Godoy, y el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici.
Pero para cumplir los deseos del Presidente -que toma en persona las decisiones clave en el sector- aún se deben resolver varias cuestiones: ¿tendrá que pagar Cablevisión para poder usar en servicios 4G el espectro que compró a cinco empresas que lo tenían asignado en otros usos? A partir de 2018, ¿las telefónicas podrán dar TV directa al hogar vía satélite o sólo podrán hacerlo por redes de cable? Y esas movidas, ¿cómo se vinculan con la eventual fusión Telecom-Cablevisión, que el mercado ya da por hecha?
"Cablevisión-Nextel tiene que resolver primero si va a ser el cuarto operador o si se va a fusionar con Telecom-Personal. Si va a ser un cuarto operador, entonces podría tener los beneficios de ser un entrante al mercado. Pero si está en camino de la fusión, y entonces será un tercer actor (en competencia con Telefónica y Claro), el tratamiento será otro", explicó a LA NACION una fuente oficial. En el management de Telecom Argentina ya se destacan algunos ex directivos de Cablevisión, como Mariano Ibáñez (presidente de la telefónica y ex CEO de Cablevisión cuando esa empresa se fusionó con Multicanal) y Roberto Nobile, director general operativo de Telecom, que tuvo el mismo cargo en la cableoperadora.
Para acelerar la convergencia, el Gobierno logró sentar a la mesa de conversaciones a todos los involucrados con el fin de acercar posiciones y que, cuando se den los pasos legales, todos puedan ver el vaso más lleno que vacío. El espectro para Nextel podría no ser gratis, y las telefónicas podrán dar TV paga, pero no vía satélite (algo que las empresas podrían hacer sin tener que invertir tanto).
Pero el objetivo es que en algunos años todos los jugadores del mercado puedan dar todos los servicios. De hecho, en las recientes Jornadas Internacionales de TV por Cable, Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, no descartó ese camino y sugirió que en algún tiempo la propia cableoperadora del Grupo Clarín tal vez ofrezca servicios satelitales allí donde no llegue con su propia fibra. Por ahora, el foco de la empresa -dice Moltini- está en el despliegue de la red móvil 4G y en el lanzamiento el mes próximo de Flow, el nuevo servicio de televisión lineal y a demanda por Internet donde confluirá todo el contenido que actualmente ofrece la grilla de la empresa.
"Todos quieren competir en el negocio del otro, pero nadie quiere que le compitan en el propio", se quejó ante LA NACION un funcionario que trabaja en la regulación. Las que más se oponen a la liberalización del mercado son las pymes del cable, a las que el Gobierno intentará seducir con frecuencias de espectro para que en sus respectivas localidades puedan dar sus propios servicios móviles 4G, y a partir de esa red interconectarse para que medianteroaming sus clientes puedan comunicarse desde cualquier otra parte. En eso ya están trabajando también los miembros de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, con un proyecto que prevé apoyarse en infraestructura fija local y una operación móvil virtual (OMV) sobre redes alquiladas a las tres grandes operadoras. En esa dirección también avanza Virgin Mobile Latin America, cuyo CEO, Phil Wallace, participó del Foro de Inversiones y Negocios en el CCK, la semana pasada.
El Enacom buscó acelerar el desarrollo de OMV -operadores móviles que utilizan redes de terceros-, pero se topó con una resistencia inesperada de las telefónicas, que reclaman primero la liberación de la banda de 700 MHz -que ya fue pagada por las empresas, pero aún no está completamente disponible-. Para el Gobierno, esa posición es una excusa: jurídicamente la frecuencia ya fue liberada y quien aún queda allí -Telecentro, del grupo Pierri- pide que le paguen la mudanza (en ese espectro opera actualmente un servicio de TV paga inalámbrica, que debería bajar a la banda de 600 mhz). El costo de la ingeniería y el equipamiento está entre los 250.000 y los 500.000 dólares, una cifra muy menor para los volúmenes de facturación de esta industria.
"Me engañaron", soltó en diciembre pasado el presidente Macri cuando le acercaron el borrador del decreto que derogó parcialmente las leyes de medios y telecomunicaciones, pero incluyó un plazo de dos años -con opción a uno más- de exclusión del mercado de la TV paga para las telefónicas. Aquel DNU, cuyo borrador estuvo a cargo de Fabián Rodríguez Simón y fue validado por la Cámara de Diputados en abril pasado, es la base en la que está construyéndose el nuevo marco legal. Ahora, a diez meses de aquella expresión, retoma donde dejó para que la convergencia de servicios sea una realidad a partir del 1° de enero de 2018.
Por Jose Crettaz para La Nacion 

miércoles, 21 de septiembre de 2016

El papel de la RADIO en el nuevo ecosistema de medios multiplataforma



Un estudio indaga sobre las estrategias digitales innovadoras llevadas a cabo durante el último año por emisoras tradicionales líderes en Argentina y España. Entre otras cosas, el estudio responde al interrogante:¿hay lugar para la radio en la era de la comunicación digital? Vea el informe completo.
Esta investigación busca reflexionar acerca del lugar de la radio en un mundo digital e indaga las estrategias digitales innovadoras llevadas a cabo durante el último año por emisoras tradicionales líderes en Argentina y España. Este artículo, expuesto en el Congreso Iberoamericano de Comunicación de la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AEIC), fue realizado por María Pilar Martínez-Costa, María José Müller y Rúben Corda en el marco del Observatorio de Innovación Radiofónica establecido entre la Universidad Austral, la Universidad de Navarra y Mitre S.A. en abril de 2015.

Nadie duda de la capacidad de reinvención de la radio que, a lo largo de su casi siglo de historia, ha sabido permanecer vigente frente a los distintos avatares tecnológicos y mediáticos. El nuevo ecosistema de los medios de comunicación, donde priman la velocidad y la transversalidad, vuelve a instalar el debate sobre su futuro.

¿Hay lugar para la radio en la era de la comunicación digital? ¿Tiene la radio margen para innovar y ser fiel a su naturaleza esencialmente sonora? ¿El desarrollo de narrativas denominadas transmedias deja al sonido fuera del juego comunicativo? ¿En una sociedad móvil, conectada y de aplicaciones de consumo rápido, tiene sentido que la radio siga existiendo? ¿Qué puede aprender la radio de las nuevas formas de distribución y consumo? ¿Es posible mejorar el paradigma de la comunicación radiofónica? Estas son algunas de las preguntas que se abordan en el presente trabajo a partir de investigaciones anteriores y estudios del sector a nivel nacional e internacional.

La radio actual muestra síntomas de superación de la inmovilidad que presentó durante los primeros años del cambio digital y desarrolla contenidos innovadores que implican el uso de diversidad de plataformas y la multiplicación de la conversación con la audiencia.

El recorrido del trabajo pasa por los siguientes puntos:
1. La implantación progresiva y complementaria de una radio multiplataforma

La proliferación de plataformas ocasionada por Internet hace que predominen las sinergias y los nuevos lenguajes. Se exponen las experiencias de radio multiplataforma en Estados Unidos, Reino Unido, España y Argentina que, más allá de las particularidades de cada país, dan cuenta de una alta penetración radiofónica y de un creciente uso de Internet y los dispositivos móviles.

2. La digitalización de la plataforma tradicional puede esperar

Aún sigue abierto el debate sobre la digitalización de la señal en el espectro radioeléctrico y el posible apagón analógico de la radio. Se repasan los estándares establecidos en Estados Unidos y Europa, como HD Radio, DRM y DAB.

3. La radio y su evolución hacia el podcast

Se analiza el formato señalado como una de las tendencias más relevantes de la radio digital, así como también la penetración, el conocimiento de los usuarios, los hábitos de consumo y los lanzamientos más significativos del mismo en el mercado estadounidense, español y latinoamericano.

4. La radio expande su lenguaje hacia lo trasmedia

Se inspeccionan las narrativas transmedia en las que las historias son contadas a través de múltiples plataformas, formatos y puntos de vista con la participación y contribución de los usuarios, repasando casos de éxito en Estados Unidos y España, como “Serial“, “Carlos, Rey emperador” y “El misterio del tiempo“, entre otros.

Finalmente, la primacía de los dispositivos móviles y la multiplataforma brindan desafíos para la radio, tanto en términos de contenido como de negocio que le permiten ampliar sus posibilidades expresivas sin desestimar el directo que siempre la ha caracterizado. Cuestiones que, en suma, dan cuenta de la vitalidad de la radio en el entorno digital.

lunes, 19 de septiembre de 2016

HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ARGENTINA (Parte 3)


El problema político de ENTel (1956-1990).
Por Gustavo Fontanals (*)
Esta tercera entrega de la Historia de las telecomunicaciones en Argentina trata sobre el desarrollo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) con la que el Estado concentró la implementación de las políticas sectoriales por más de tres décadas (1956-1990).
ENTel fue la continuadora de la Dirección Nacional de Teléfonos del Estado de los primeros gobiernos peronistas (1946-1956), que a partir de la nacionalización de la Unión Telefónica, la absorción de otras empresas y la expansión de las redes había consolidado el dominio público en la mayor parte del país. La empresa prosiguió ese camino, ampliando la cobertura y sumando el control sobre otros servicios, como la larga distancia nacional e internacional y los nuevos que fueron surgiendo (télex, facsímil y banco de datos nacional e internacional, radioenlaces, conexiones satelitales, transmisiones de radiodifusión). No obstante, ENTel encontró siempre inconvenientes para la prestación de los servicios, producto de factores organizativos, políticos y económicos que llevaron a una sucesión de políticas erráticas, afectando su desempeño. Nos proponemos revisar los motivos de esa situación.
El análisis se divide en dos contribuciones breves, que sugerimos considerar como una unidad (véase la siguiente sección en Fibra 11. En esta primera parte, nos enfocaremos en los problemas político-organizativos de ENTel, y en su impacto sobre las capacidades decisorias y la planificación de operaciones a mediano y largo plazo. A continuación, abordaremos la relación problemática con los proveedores, la precariedad de los programas de expansión y su impacto sobre los servicios, reflejada en déficits crónicos de cobertura y calidad.
La creación de ENTel: la búsqueda de una empresa eficiente
Como analizamos en la entrega anterior¹, el monopolio estatal sobre la telefonía se había convertido en el modelo dominante a nivel mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial, acorde a motivaciones políticas y militares, pero también de eficiencia económica —se consideraba al sector un monopolio natural mejor provisto por una empresa única—. Ese patrón se mantuvo vigente hasta fines de los años 80, cuando comenzaron a difundirse las políticas de privatización (Duch, 1994). Ese fue el camino que se recorrió en Argentina.
La Dirección Nacional de Teléfonos del Estado (TE) había logrado una fuerte expansión de los servicios, impulsada sobre transferencias del Tesoro Nacional y la coincidencia de los intereses del gobierno, el sindicato y la compañía estadounidense ITT —anterior propietaria de la UT, que había obtenido convenios exclusivos de asesoramiento y provisión de equipos—. Sin embargo, no había podido dar cuenta de la demanda, que estaba en auge (véase Fibra 9).
Tras el golpe de 1955, el sector quedó sujeto a los vaivenes que caracterizaron al nuevo gobierno, más afín en su antiperonismo que en orientaciones políticas concretas. Existió un intento inicial para volver a un esquema de sociedad mixta, que en el fondo implicaba un proyecto de privatización, dado que el Estado quedaría con una participación minoritaria: TE cedería todos sus activos, que pasarían a constituir sólo un quinto del capital ante los aportes privados previstos, que serían utilizados para encarar un gran plan de obras. El proyecto recibió la resistencia del sindicato y el veto de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, que sostenían el carácter estratégico de las telecomunicaciones para la defensa y la soberanía.
Con la asunción de Aramburu se produjo un reacomodamiento, que resultó en la creación de una nueva empresa pública. Esa política estaba en concordancia con otros proyectos dirigidos a la formación de organismos descentralizados que concentraran las decisiones en sus áreas respectivas (como nuevos regímenes para YPF y Aerolíneas Argentinas o la creación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado). Lo que se justificaba en la búsqueda de mayor eficiencia, bajo el supuesto de que los entes autónomos quedarían libres de los condicionantes políticos de corto plazo, ganando en racionalidad y agilidad de gestión, con una mejora en la prestación de los servicios.
ENTel se creó por decreto el 13 de enero de 1956. Allí se reafirmó el control estatal sobre todos los servicios de telecomunicaciones, no sólo los telefónicos, sino también los telegráficos, radiotelegráficos y “demás complementarios”, lo que daba lugar a los nuevos que pudieran aparecer. Se procedió a la transferencia de las actividades de la TE, y se estableció que se apuntaría a “la unificación definitiva de la totalidad de los servicios de telecomunicaciones, de modo que sean brindados en forma centralizada y coordinada por un órgano común”.
Eso retomaba la política de compra de operadoras que venía ejecutando la TE, que ENTel continuó con marcha dispar hasta 1969, absorbiendo un total de 33 empresas y cooperativas (alcanzando cobertura sobre el 70% del territorio y el 92% de las líneas). Pero la empresa nunca se convirtió en operadora única. Aunque ejerció el monopolio donde se dispuso a hacerlo, siguió conviviendo con dos operadoras privadas relativamente grandes (CET y CAT, pertenecientes a la sueca Ericsson, prestadoras del servicio en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Salta), y con cientos de pequeñas cooperativas en localidades específicas (que sobrevivieron o fueron surgiendo, principalmente a partir de que en 1960 se las promoviera para cubrir zonas a las que ENTel no se proponía llegar). La empresa operaba igualmente como guía para esas operadoras, no sólo prestándoles los servicios de interconexión, sino también respecto de la política tarifaria (Standard Electric, 1979).
El problema institucional: la primacía del control político
El estatuto de ENTel establecía que la administración y el gobierno general quedaban a cargo de un Consejo de Administración —un presidente, un vice y cinco vocales— mientras que el gobierno directo y la explotación comercial en manos de un Gerente General. Analizado retrospectivamente, es evidente que la pretensión de autonomía y eficacia en las decisiones con que se pretendía dotar a ENTel no estuvo bien reflejada en su diseño institucional, que fallaba en dos aspectos fundamentales: la jerarquía y la competencia.
En cuanto a la jerarquía, se terminó otorgando al Poder Ejecutivo la capacidad de decisión sobre la designación y remoción de la totalidad de los puestos directivos: todos los integrantes del Consejo de Administración y el Gerente General eran nombrados en forma directa por el Presidente o a propuesta del Ministro o Secretario correspondiente. No se establecieron métodos de selección basados en criterios predefinidos, como concursos públicos (como sucedía en varios casos europeos) o la participación de otros poderes (un consejo federal o los partidos, como en Brasil con los gobernados estaduales o en Uruguay con la oposición). Tampoco se fijaron criterios de permanencia que impidieran o dificultaran su remoción.
Como consecuencia, la totalidad de la cúpula directiva quedó sujeta desde el inicio a los ciclos de inestabilidad política que caracterizaron al país, no sólo ante los cambios de gobierno, sino también frente a las modificaciones de gestión dentro de cada uno. El peso del control político y su fluctuación queda en evidencia en la rotación de su directiva: en sus 34 años de existencia, ENTel tuvo 32 gerentes generales, designados por 16 Presidentes diferentes (una duración media de doce meses, que en el caso de los directores baja a nueve meses). Los nombramientos tendieron a recaer además en personas ajenas al sector, que debido a esa misma inestabilidad perdían sentido de responsabilidad y compromiso con la función, considerada un paso transitorio en sus carreras (Donikiany otros, 1990).
Por otro lado, tampoco se fijaron adecuadamente las competencias decisorias, que quedaron sujetas a dependencias cruzadas, incentivando la incoherencia aún dentro de una misma gestión. “ENTel dependía de las decisiones de siete o más agencias gubernamentales, que normalmente tenían políticas y proyectos contradictorios para la empresa y el sector en general. El Ministerio de Economía supervisaba el presupuesto; el Ministerio de Trabajo fijaba los salarios de los empleados; la Secretaría de Industria tomaba las decisiones de compra de equipamiento; la Secretaría de Comunicaciones diseñaba las orientaciones políticas para el sector en general y la compañía en particular; mientras que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos generaba las políticas más generales en cuanto a servicios públicos y controlaba su provisión. Todo ello sin mencionar que frecuentemente el Ministro de Economía o el Presidente mismo fijaban las tarifas telefónicas, sobre la base de las necesidades políticas del momento. Las decisiones ‘inconsultas’, aquellas tomadas a nivel de la empresa, frecuentemente alteraban o contradecían los objetivos perseguidos por los niveles superiores de la administración. El resultado era un completo caos” (Herrera, 1989).
Esa situación se trasladó progresivamente al resto de los cargos jerárquicos y a la burocracia de la empresa en general, promoviendo un círculo vicioso. Más allá de las instrucciones políticas de turno, se fueron consolidando parcelas de poder, que habilitaban una red de vínculos e intercambios bilaterales entre el sector público y diversos grupos de interés. Entre estos se destacaron los intereses empresarios —proveedores de equipamiento primero, contratistas de obra posteriormente—, pero también políticos y sindicales, que se filtraban en decisiones internas (como nombramientos o prioridades en la asignación o reparación de líneas, entre otras).
El problema operativo: la incoherencia en las decisiones de inversión
La inestabilidad y los problemas de competencia en la dirección impactaron de lleno en la programación de la empresa a mediano o largo plazo. A lo largo de su existencia, ENTel anunció la puesta en marcha de sólo cuatro planes plurianuales de expansión (1956, 1969, 1976, y 1986), que nunca se llevaron a cabo en los tiempos previstos ni de forma completa, y que fueron reemplazados por planes más coyunturales y la realización de obras no previstas para afrontar problemas urgentes. Eso se reflejó en una fuerte fluctuación en la expansión de los servicios, con una sucesión de impulsos inconexos y frenos casi absolutos (véase Figura 1). Lo que afectó doblemente el desempeño de la empresa: no sólo degradó su capacidad para prestar los servicios y satisfacer la demanda, sino que también elevó los costos operativos y de inversión.
ENTel arrastró a lo largo de su existencia una demanda insatisfecha cercana al 45% de las líneas en funcionamiento, con períodos en que la demora en la instalación iba de 12 a 15 años. Conseguir una línea telefónica era un proyecto a largo plazo, salvo que se lograra un viaducto mediante un “estatus preferencial”. Eso tuvo un efecto peculiar: los inmuebles que contaban con línea telefónica instalada se hacían más atractivos, elevando su precio (ENTel, 1981).
Las decisiones de inversión también enfrentaban trabas recurrentes de financiamiento, que históricamente provino de fuentes externas a la empresa: aportes del Tesoro Nacional primero, combinados con crédito externo posteriormente. ENTel siguió en general el accionar que había caracterizado a la TE, con tarifas fijadas para cubrir los costos operativos, o incluso por debajo si se imponían otras motivaciones políticas o socioeconómicas (como objetivos antiinflacionarios o electoralistas). En ningún momento se estableció un esquema estable de financiamiento de las inversiones, como impuestos de afectación específica (los que sí existieron, por ejemplo, para el sector eléctrico). Eso las dejó al vaivén de las decisiones políticas y de los ciclos económicos. Y los impulsos de expansión en general fueron externos, producto de decisiones más generales como el aliento a programas desarrollistas de infraestructura, o más coyunturales como la disponibilidad de financiamiento externo o la necesidad de obras (Mundial ‘78).
“Normalmente, la decisión de realizar inversiones y la selección de los objetivos de expansión —en términos cuantitativos y cualitativos— quedaba en manos de un reducidísimo grupo de funcionarios políticos, nombrados por el Poder Ejecutivo de turno. Mientras que la participación de los ingenieros, técnicos y personal calificado de la planta estable de ENTel era marginal, al punto de que en ocasiones ni siquiera se requirió su parecer técnico” (Herrera, 1989).
El problema de desarrollo: el peso de los proveedores y los déficits crónicos
Los problemas de dependencia e inestabilidad política y de incapacidad de programación que caracterizaron a ENTel se trasladaron pronto a la relación con los proveedores, que históricamente tuvieron un papel central en su desempeño. Unos pocos proveedores de equipamiento, primero, a los que se sumaron otros pocos contratistas de obra después, consolidaron su posición, y fueron acoplándose a ese ritmo de marchas y contramarchas promoviendo mecanismos defensivos de sus intereses, como mayores precios o cláusulas de indexación e indemnización. Cada nuevo plan de expansión se basaba en un nuevo acuerdo de provisión, y su fracaso resultaba en un mayores déficits para la empresa pública, tanto en sus finanzas como en la prestación de los servicios. Nos dedicaremos a analizar esa dinámica y a puntualizar en el desarrollo de ENTel a través del tiempo en la próxima sección de esta entrega, en el siguiente número deRevista Fibra.
Referencias:
– Donikian, L. y otros (1990): . De la política nacional al saqueo privatista, Agrupación Telefónica.
– Duch, R. (1994): Policy in Comparative Perspective, U. Michigan Press.
– ENTel (1981): 100° Aniversario del Servicio Telefónico en la Argentina (1881-1981), Marchand.
– Herrera, A. (1989): La revolución tecnológica y la telefonía argentina, Legasa.
– Standard Electric (1979): Historia de las Comunicaciones Argentinas.
(*) Universidad de Buenos Aires, @Phillynewrocker.

viernes, 19 de agosto de 2016

HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ARGENTINA (‎Parte 2‬)


La nacionalización de los servicios telefónicos (1946-1955).
Por Gustavo Fontanals (*)
Esta segunda entrega de la historia de las telecomunicaciones en Argentina reseña las políticas de los primeros gobiernos peronistas hacia la telefonía, centradas en la nacionalización y estatización de los servicios. Eso representó un importante giro respecto de la larga etapa anterior (1878-1946), impulsada por el desarrollo comercial de las operadoras privadas (véase Parte 1 en Fibra 7).
El proceso de nacionalización y estatización de los servicios telefónicos se inició con la nacionalización de la Unión Telefónica, la compañía que por más de 60 años controló los servicios en la zona más rentable del país (de Buenos Aires a la región pampeana, Santa Fe y Córdoba), operando más del 90% de las líneas nacionales. Y fue seguido al poco tiempo con la compra de otras operadoras locales y la estatización de los servicios en la Dirección Nacional de Teléfonos del Estado, consolidando el control público en la mayor parte del país. A lo largo de la siguiente década, sobre la base de importantes aportes del Tesoro Nacional, se registró una fuerte expansión del servicio, con la instalación de nuevos tendidos y centrales locales y la integración de la red mediante nuevas líneas troncales. Esa fue la estructura que en 1956 dio lugar a la Empresa Nacional de Teléfonos (ENTel), el operador estatal que controló el sector durante las siguientes tres décadas.
La nacionalización: creación de la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA)
La llegada de Perón a la presidencia y la puesta en marcha de las políticas de mayor intervención estatal en la economía modificaron radicalmente la actividad del sector. A poco de asumir el gobierno, en el marco de un debate acerca del uso que debía darse a las reservas de oro y divisas que la Argentina había acumulado durante la Guerra, el Ejecutivo puso en marcha una amplia política destinada a la compra de activos de compañías extranjeras que contralaban importantes sectores de infraestructura, como trenes y tranvías, puertos, distribuidoras de gas, generadoras y transportadoras eléctricas, y teléfonos.
Esa política no encontró en general fuertes resistencias a sus objetivos, sino fundamentalmente a las modalidades con las que se la puso en práctica, como el carácter secreto de las negociaciones o los montos o condiciones estipulados. Sucede que el avance de la intervención directa del Estado en la economía, reforzando sus atribuciones regulatorias o directamente como productor de bienes o prestador de servicios, era una tendencia creciente a nivel mundial. Esta había despuntado en Europa con la Primera Guerra Mundial, se había reforzado tras la crisis de 1930 y se había consolidado durante la Segunda Guerra Mundial, difundiéndose posteriormente a nivel global en un proceso de emulación política.
En el caso específico de la telefonía, la conformación de grandes empresas públicas de carácter monopólico se había consolidado en Europa en las décadas de 1920 y 1930, en un proceso que había reforzado las tempranas nacionalizaciones de las redes de larga distancia (bajo objetivos de integración nacional) con la incorporación de las redes urbanas e interurbanas de las operadoras privadas existentes. Como explicamos enFibra 3 al analizar la evolución del sector a nivel mundial, operaron en esto justificaciones de tipo político y militar/estratégico (como soberanía, defensa nacional e independencia económica), pero también de eficiencia productiva, a partir del reconocimiento de las condiciones de monopolio natural que caracterizaban al sector.
En breve, el hecho de que el servicio se brindara a través de una red dotaba al negocio de fuertes economías de escala y de densidad (costos decrecientes al tamaño y a la cantidad de usuarios servidos), que hacían económica y socialmente más eficiente su prestación a través de una empresa monopólica, en la generalidad de los casos de propiedad pública. A la vez, el control estatal de esos monopolios hacía posible el impulso de políticas de desarrollo industrial nacional, por medio del uso de su poder de compra. Esas políticas se extendieron luego de la Segunda Guerra por América Latina, y se difundieron como práctica usual a nivel mundial hasta mediados de la década de 1980 (Duch, 1994).
En Argentina, los partidarios de la nacionalización del servicio venían impulsando un consenso desde principios de la década de 1940, aludiendo a la precariedad de los permisos con los que operaban las empresas y al alto costo de las tarifas, producto de las estrategias para saltear la regulación tarifaria (alteración de estados contables y ganancias para justificar actualizaciones de precios, aplicación de múltiples cargos extra). De a poco el consenso se robusteció, así como las críticas a la Unión Telefónica, y tras el Golpe militar de 1943 se dispuso avanzar con la valuación del patrimonio como paso previo a su nacionalización (Bellini, 2013).
La asunción de Perón como Presidente terminó de dar impulso a las políticas de nacionalización de servicios públicos, las que pronto se pusieron en marcha, aunque con una estrategia paulatina. No se avanzó inicialmente con estatizaciones completas, sino con la conformación de empresas mixtas, con un control mayoritario por parte del Estado nacional, pero conservando parte del capital privado extranjero. A la vez, se preveía la incorporación de nuevo capital nacional mediante la emisión de acciones, así como de participaciones para los trabajadores (CEPAL, 1976).
En septiembre de 1946, el Gobierno nacional concretó la compra a la estadounidense International Telephone & Telegraph Company (ITT) de la totalidad de los bienes y acciones de la Unión Telefónica, a cambio de 95 millones de dólares y la asunción de sus pasivos nacionales e internacionales. Como parte de la operación se firmaron dos acuerdos complementarios, por los cuales la ITT seguiría brindando durante 10 años asesoramiento técnico para la explotación del servicio (a cambio de una tasa fija del 3% sobre los ingresos brutos de la empresa), a la vez que su subsidiaria Standard Electric y mantendría la exclusividad del aprovisionamiento de equipos y repuestos (Herrera, 1989). La operación fue negociada y suscripta por el Gobierno nacional ad referéndum del Congreso, que pocos días después lo ratificó con la sanción de la Ley 12.864.
La operación se sostuvo en un proceso de convergencia de los intereses de los principales actores intervinientes: la ITT, el Gobierno nacional y el cada vez más poderoso sindicato de la empresa. La ITT ya se mostraba interesada en desprenderse de la operadora, dadas las mayores exigencias económicas y operativas, debido al refuerzo del control tarifario y a las crecientes dificultades para el mantenimiento, prestación y expansión del servicio, que enfrentaba cada vez más demanda insatisfecha. Lo que había generado un clima de protesta social contra la empresa, coincidente con quejas similares hacia otras compañías privadas de servicios públicos en la época. A la vez, enfrentaba un duro conflicto con la organización gremial, un sindicato que de la mano del control de la empresa sobre el sector había tomado cada vez más fuerza sectorial pero también política, y que había pasado a reclamar por la nacionalización del servicio (Schvarzer, 1993).
Esto llevó a la ITT a considerar seriamente la posibilidad de retirarse del negocio. Lo que acorde a las condiciones de venta,y principalmente a los acuerdos conexos de exclusividad en asesoramiento y provisión, terminó conformando un excelente negocio: le permitió conservar beneficios de carácter monopólico, pero sin el costo político de aparecer como propietaria de la empresa. Esta coincidencia de intereses, que se mantuvo casi intacta durante una década, propició una fuerte expansión del servicio: el interés del gobierno, el sindicato y los usuarios para su extensión se replicó en el de la compañía extranjera, dado que cada nueva línea instalada implicaba la compra de equipos a la Standard Electric y un mayor pago por asesoramiento (como parte de los ingresos crecientes de la empresa).
La operación dio origen a la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA). En este caso, no obstante, no contaba con inversores privados, dado que se compró la totalidad de las acciones a la ITT. Y aunque se realizó una emisión de acciones, el Estado procedió pronto a su recompra, alegando “el interés político de los privados en dirigir la empresa” (Bellini, 2013).
Durante el año y medio de existencia de la EMTA, la expansión del servicio se concentró fundamentalmente en el conurbano bonaerense, que a lo largo del período de guerra había quedado relegado frente al fuerte crecimiento de la población producto de la migración interna.
La nacionalización no implicó inicialmente mayores cambios en cuanto a la regulación pública del sector, que se mantuvo acotada a los decretos de 1935 y 1936, que establecían el carácter de servicio público, el control tarifario y algunas condiciones de explotación (véase Fibra 7). Y en general no afectó al resto de las empresas y cooperativas telefónicas del país, que continuaron prestando sus servicios acorde a éstos, sobre la base de múltiples permisos municipales o provinciales (que habían sido declarados precarios en esos decretos, pero siguieron vigentes).
La estatización: creación de la Dirección Nacional de Teléfonos del Estado
La situación comenzó a cambiar a principios de 1948, cuando el Gobierno nacional decidió profundizar su estrategia de nacionalizaciones, impulsando la estatización total en la mayoría de los servicios públicos; lo cual fue incorporado en la legislación con la sanción de la Constitución Nacional de 1949, que declaró a los servicios públicos como responsabilidad exclusiva del Estado nacional, previéndose la compra o confiscación de aquellos que aún estuvieran en manos privadas.
En el caso de los teléfonos, la nueva estrategia dio lugar a dos procesos separados pero convergentes. Por un lado, se procedió a la incorporación de EMTA al Estado nacional, convirtiéndola en un nuevo ente público denominado Dirección General de Teléfonos del Estado (TE), bajo la jurisdicción del flamante Ministerio de Comunicaciones. Por otro lado, se puso en marcha un proceso de compra de empresas privadas y cooperativas que brindaban el servicio en el interior del país, las que progresivamente se fueron incorporando a TE. Entre 1948 y 1952, a través de negociaciones particulares con cada una, se procedió a la compra de la mayoría de las empresas telefónicas del país, aumentando el número de abonados y, principalmente, la cobertura territorial de la empresa estatal. No obstante, la política no comprendió a la totalidad de las operadoras, acorde al desarrollo de las negociaciones, que en varios casos no progresaron. El Gobierno no procedió nunca a expropiaciones o confiscaciones, para lo cual se requería, acorde a la Constitución, la sanción de una ley nacional específica. Pero tampoco recurrió a la anulación de los permisos de carácter precario con los que las empresas venían operando.
El principal caso de negociaciones en que no se llegó a un acuerdo es el de la Compañía Entrerriana de Teléfonos (CET) y la Compañía Argentina de Teléfonos (CAT), las empresas de la sueca Ericsson que controlaban cerca del 7% del mercado y eran operadoras únicas en una importante porción del país (cubriendo las provincias de Entre Ríos —CET— y Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Salta —CAT —). Ericsson se mostró desde el principio dispuesta a venderlas, acorde a la misma lógica de la ITT de deslindarse de la responsabilidad de aparecer como propietaria de un servicio criticado por sus deficiencias. Pero buscaba obtener un precio y condiciones de venta semejantes. Algo a lo que el Gobierno no se mostraba dispuesto, ya que se contradecía con el acuerdo en marcha con la ITT, además de que Ericsson no contaba con producción local de equipamiento. Las negociaciones se extendieron, en un contexto cada vez más exigente para Ericsson, y la venta estuvo a punto de concretarse en 1955, pero tras el golpe de Estado el gobierno militar decidió descartarlo. Esas empresas permanecieron por más de treinta años como las únicas operadoras privadas con cobertura regional, ejerciendo un monopolio en varias provincias.
El dominio estatal del servicio sí fue absoluto para el segmento de llamadas de larga distancia nacional, que quedó a cargo de TE. Salvo en los casos de CET y CAT, el ente estatal adquirió los tendidos interurbanos existentes, a la vez que procedió a la instalación de nuevas redes troncales e interurbanas destinadas a fortalecer la integración de su propia red y la interconexión con las empresas y cooperativas locales que siguieron operando, a las que pasó a brindarles el servicio (ENTel, 1981). No ocurrió lo mismo con las comunicaciones internacionales, que siguieron más de dos décadas en manos de cuatro operadoras privadas de control extranjero.
Conclusión. La expansión e integración del servicio durante la primera década de control estatal
La primera década de control estatal del servicio telefónico se destacó por la estabilidad relativa de los objetivos e intereses perseguidos, lo que hizo posible una fuerte expansión. Desde su formación, la EMTA mantuvo las pautas organizativas heredaras de la empresa existente, bajo el asesoramiento de la ITT. La incorporación al Estado como Dirección Nacional en 1948 tampoco dio lugar a grandes cambios operativos. Esa estabilidad se conjugó con la coincidencia de los intereses de los principales actores: el Gobierno nacional, la dirigencia de la empresa, los sindicatos y la ITT como asesora y proveedora. Y se sostuvo sobre la base del interés gubernamental de expandir la empresa y el servicio, mediante la compra de operadoras y la instalación de nuevos tendidos y centrales a lo largo del país. Esto aseguró los fondos necesarios para la expansión, que provinieron fundamentalmente de aportes del Tesoro Nacional (más que de los resultados operativos, que por un lado no podían sustentar tanta inversión, y que gradualmente se vieron reducidos por el congelamiento de tarifas con objetivos anti-inflacionarios). La ampliación de los servicios telefónicos se incorporó como uno de los ejes del Segundo Plan Quinquenal puesto en marcha en 1952, con el propósito no sólo de llegar a más sectores de la población, sino también de promover el desarrollo de la fabricación local de equipamiento (Herrera, 1989).
La empresa estatal pasó de los 520 000 abonados recibidos en 1946 a 1,1 millón para 1955. A su vez, se realizó el tendido de cientos de miles de kilómetros de líneas troncales y locales para fortalecer la integración y penetración de la red, se instalaron nuevas centrales y terminales automáticas, y se multiplicaron los teléfonos públicos, antes limitados (ENTel, 1981). La expansión condujo a que, a mediados de 1955, Teléfonos del Estado se ubicara entre las diez primeras administraciones telefónicas del mundo en líneas instaladas y séptima en cantidad de llamadas cursadas. Según estadísticas de 1957, la Argentina contaba con un 43% de los teléfonos instalados en América del Sur, mientras que Buenos Aires registraba el doble de densidad telefónica que cualquier otra gran ciudad de la región (Hill y Abdala, 1993).
No obstante, hay tres aspectos de esa modalidad de expansión que deben anotarse, y que caracterizaron a la empresa estatal de ahí en adelante. Por un lado, la heterogeneidad técnica de la red, desarrollada sobre la base de los múltiples tendidos absorbidos por la empresa estatal, resultantes en una integración de tecnologías y sistemas diferentes que se mantuvo a lo largo del tiempo. Por otro, la fuerte disparidad en la distribución territorial de las líneas, con una importante concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en menor medida en la región pampeana. Esta fue heredada en buena parte de la Unión Telefónica, pero a la vez la primera etapa de expansión de la empresa pública se concentró en el conurbano bonaerense, con fuerte demanda insatisfecha. A partir de 1952, la expansión se enfocó hacia el interior del país, pero esa distribución tan desigual persistiría.
Finalmente, un legado sobre la configuración estructural del sector: más allá de que la empresa estatal se quedó con el control monopólico del servicio en todo lugar donde se decidió a hacerlo, no alcanzó a la totalidad de las empresas, muchas de las cuales siguieron operando en sus localidades o regiones. Ese esquema se mantuvo durante los más de 30 años de existencia de la Empresa Nacional de Telefónos (ENTel), que retuvo el control sobre más del 90% de las líneas totales, pero estuvo acompañada por cientos de operadoras locales y las regionales CET y CAT. Pero esa ya es otra historia, a la que volveremos.
(*) Universidad de Buenos Aires. En Twitter es @Phillynewrocker.
Referencias:
– Belini, C. (2013): Peronismo, nacionalizaciones y sociedades mixtas. El fracaso de EMTA, HIB.
– CEPAL (1976): Las empresas públicas en la Argentina, CEPAL.
– Duch, R. (1994): Privatizing the Economy: Telecommunications Policy in Comparative Perspective, The University of Michigan Press.
– ENTel (1981): 100° Aniversario del Servicio Telefónico en la Argentina (1881-1981), Marchand.
– Herrera, A. (1989): La revolución tecnológica y la telefonía argentina, Editorial Legasa.
– Hill, A. y Manuel A. Abdala (1993): “Regulation, Institutions, and Commitment: Privatization and Regulation in the Argentine Telecommunications Sector”, World Bank Policy Research Working Paper 1216.
– Schvarzer, J (1993): “El proceso de privatizaciones en la Argentina”, en Realidad Económica Nro 120.

viernes, 12 de agosto de 2016

HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ARGENTINA (PARTE 1)



Origen y desarrollo de la telefonía como negocio privado (1878-1946)
Por Gustavo Fontanals
Se ha escrito muy poco sobre el origen y la evolución de las telecomunicaciones en Argentina. Quizá reflejo del escaso interés público en el sector, quizá agravado por una notoria falta de fuentes y datos sobre su evolución. Como sea, existe un vacío, que no se da en otros países, ni en otros sectores en el país. Si se indaga con atención es posible hallar uno u otro texto, sobre un período determinado, sobre una empresa en particular, sobre cierta coyuntura política-sectorial, y en general refieren la dificultad de dar con fuentes y documentos primarios. Extrañado, interesado, procuré por largo tiempo recopilar, por aquí y por allá, textos, documentos, datos, testimonios con el fin de contrastarlos y homogeneizarlos para hilar una historia. Fibra me da ahora la oportunidad de difundirla en una serie de notas, simplificadas para no agobiar, que intentarán interesar al lector casual.
Esta primera entrega parte por el principio: el origen de la telefonía en Argentina, su evolución durante una larga primera etapa caracterizada por la gestión privada del negocio (1878-1946). Se da cuenta de la progresiva emergencia de numerosas operadoras privadas independientes, en su mayoría de propiedad extranjera, que brindaban el servicio en áreas delimitadas. Así como del escaso involucramiento del Estado, no sólo en la prestación del servicio, sino también en su control. A lo largo de esa etapa fue básicamente el interés comercial de las empresas el principal factor de desarrollo del sector. Lo que, veremos, resultó en efectos de largo plazo para la estructura del negocio y de las redes de telecomunicaciones en el país.
Los orígenes de la telefonía en Argentina: la multiplicación de operadoras y redes fragmentadas
Los orígenes de la telefonía, sobre los que escribimos en el número anterior de Fibra, conforman una historia intrigante, con efectos que se prolongaron durante décadas no sólo en su país de origen (Estados Unidos), sino también a nivel mundial. Eso incluyó muy pronto a la Argentina, un país fértil y pujante que se convirtió en terreno de puja por parte de compañías internacionales.
La primera comunicación telefónica en el país se realizó en Buenos Aires en 1878, tan sólo dos años después de que la tecnología fuera patentada. Se trató de un experimento público desarrollado por dos ingenieros argentinos que ya venían trabajando en el telégrafo, Carlos Cayol y Fernando Newman, que con aparatos fabricados por ellos mismos e instalados sobre la red telegráfica conectaron el diario La Prensa con la Administración de Telégrafos del Estado. Siguieron a eso nuevas demostraciones e incluso servicios para la Policía Federal. Finalmente conformaron una sociedad para comercializar el producto, y solicitaron al Gobierno una concesión que les diera el privilegio exclusivo, en virtud de su desarrollo nacional. Pero no la obtuvieron y nunca llegaron a prestar servicios comerciales. Pronto se vieron enfrentados a la fuerte competencia de empresas de capital extranjero, que desembarcaron en la receptiva Argentina de fines del siglo XIX, buscando quedarse con un negocio que ya mostraba enorme potencialidad (Tesler, 1990).
Los orígenes de la telefonía conforman una histo­ria intrigante, con efectos que se prolongaron duran­te décadas no sólo en su país de origen (Estados Uni­dos), sino también a nivel mundial.
A principios de 1881, mediante tres decretos firmados por el presidente Julio Argentino Roca, se otorgaron permisos oficiales a tres empresas para la prestación de servicios telefónicos: la Compañía de Teléfonos Gower-Bell de origen inglés, la Société du Pantéléphone L. de Locht de procedencia belga, y la Compañía Telefónica del Río de la Plata, subsidiaria de la estadounidense Bell. Dichos permisos eran de carácter local, dado que autorizaban la prestación del servicio y la instalación de redes en “la Capital y sus suburbios”. Y no establecían “privilegios de ningún tipo” entre las compañías, que quedaban en un régimen de competencia (se iniciaba el negocio con varias empresas o quedaba abierta la posibilidad de ingreso de nuevas operadoras). Como veremos, tampoco fijaban un plazo para la autorización, ni establecían obligaciones de ningún tipo en la prestación, determinando desde el inicio la nula intervención pública sobre el desarrollo y el desempeño del servicio, que quedaba librado a los objetivos comerciales de las firmas (Berthold, 1921). La autorización de carácter local, la posibilidad de competencia y la falta de obligaciones explícitas pueden ser contrastados con la legislación que afectó al telégrafo en Argentina casi desde sus orígenes, que quedó sujeto a control federal, bajo derechos monopólicos y obligaciones públicas para cada línea (con la intención de no duplicar tendidos y favorecer su expansión a lo largo del territorio). Se debe tener en cuenta, sin embargo, que el telégrafo, capaz de brindar comunicaciones de larga distancia, era considerado como una herramienta fundamental para fomentar la integración nacional y su vinculación con el mundo (de ahí el ambicioso programa de expansión desarrollado durante la Presidencia de Sarmiento); mientras que el teléfono se originó como una tecnología meramente urbana, orientada a satisfacer usos sociales de las clases acomodadas o servicios comerciales o profesionales locales. Desarrollos posteriores hicieron posible comunicaciones de más largo alcance, primero interurbanas y luego internacionales, lo que pronto modificó la actitud de los Estados hacia el servicio, aunque se recogió de manera precaria en el caso argentino.
Por otro lado, también se diferenció de lo sucedido con otros servicios públicos o de uso difundido en el país, como ferrocarriles, tranvías o electricidad, que quedaron sujetos a regímenes de concesión, que debían ser aprobados en forma expresa por el Congreso Nacional —no por el Ejecutivo—, y solían incluir el pago de un canon, pero también una garantía de ganancia, además de ciertas obligaciones de prestación. Como veremos, más allá de ciertos intentos, las simples autorizaciones o permisos por empresa (del gobierno federal o de los municipales o provinciales) subsistieron por décadas, conformando un marco legal precario, fragmentado y heterogéneo sobre el sector.
Las tres operadoras iniciaron servicios de inmediato en Buenos Aires, que pronto se convirtió en la ciudad con más líneas telefónicas de América Latina. Y la competencia entre las empresas se volvió feroz, incluyendo la destrucción cruzada de equipamiento. La situación derivó en 1882 en un acuerdo que comprendió la fusión de la Pantéléphone con la Telefónica del Río de la Plata, dando origen a una nueva firma denominada The United Telephone Company of the River Plate, con sede en Londres y con la incorporación de capital británico. En 1886, esta concretó la compra de su competidora Gower Bell, dando origen a The United River Plate Telephone Company o Unión Telefónica (UT), la empresa que durante los siguientes 43 años mantuvo el dominio del negocio en Buenos Aires y lo extendió por buena parte de la fértil región pampeana.
El otorgamiento de autorizaciones específicas por com­pañía fue durante décadas la única intervención públi­ca sobre el sector.
Durante el primer año de control monopólico, la UT incrementó fuertemente las tarifas, a la vez que la calidad del servicio se vio degradada. Eso dio lugar a la emergencia en 1887 de una nueva empresa, la Sociedad Cooperativa Telefónica, creada por un grupo de usuarios disconformes de la UT (Berthold, 1921). Sobre la base de menores tarifas para el servicio, la cooperativa tuvo un rápido crecimiento y logró consolidarse, y se mantuvo por treinta años como la única alternativa a la UT en la zona más rentable del país, usufructuando el descontento con la dominante. En 1926, tras la sanción de la Ley de Cooperativas, cambió su estatuto a Compañía Telefónica Argentina.
Por su parte, allí donde la UT no encontró motivaciones comerciales para prestar servicios (esto es, más allá de las principales ciudades de Buenos aires, Santa Fe y Córdoba), se siguió durante años sin teléfonos (Mulleady, 1956). Recién progresivamente con el nuevo siglo y con más fuerza en las décadas de 1910 y 1920, fueron surgiendo nuevas operadoras locales o regionales en el interior del país. Por un lado, emergieron nuevas empresas que buscaban ingresar bajo motivaciones comerciales, concentrándose primero en las principales ciudades y extendiéndose luego hacia zonas aún no cubiertas que ofrecieran perspectivas de negocio. Paralelamente, fueron apareciendo algunas empresas cooperativas, orientadas a brindar el servicio en localidades específicas, en general no lo suficientemente atractivas desde el punto de vista comercial. Esto dio lugar a una estructura de servicio integrada por redes locales o zonales de tecnología heterogénea, algunas superpuestas entre sí en las áreas más rentables, con tendidos interurbanos y troncales que durante años conectaron sólo a las redes pertenecientes a la misma compañía (es decir, sin interconexión entre las diversas empresas). Esta heterogeneidad de redes se fue replicando, conllevando efectos de larga duración en el desarrollo del sector, afectando la eficiencia en la provisión del servicio (Giuliano, 2008).
Para 1913 ya existían 87 empresas telefónicas en todo el país, que aumentaron a 94 para 1922. Sin embargo, más del 90% de las líneas seguían correspondiendo a la región pampeana, principalmente a Buenos Aires, y la UT seguía siendo la empresa claramente dominante. Entre las nuevas operadoras se destacan la Compañía Entrerriana de Teléfonos (CET), creada en 1916 a partir de la compra de una red existente con la intención de prestar servicios en la región mesopotámica; y la Compañía Argentina de Teléfonos (CAT), creada en 1927 para operar en la provincia de Mendoza y extenderse luego por la región cuyana. Ambas empresas entablaron una relación para la provisión de equipamiento y tendido de redes con la compañía sueca Ericsson, que paulatinamente fue tomando participación accionaria y terminó controlándolas en forma total. Esas operadoras llegaron a captar cerca del 7% de las líneas totales del país, expandiéndose mediante la compra de pequeñas empresas locales y el desarrollo de nuevos tendidos, siempre en regiones en las que no estaba presente la UT y buscando operar bajo un esquema de empresa única o monopólica.
En 1927 se dio el desembarco en el país de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), una compañía estadounidense creada para participar del negocio de prestación de servicios y provisión de equipamiento a nivel mundial, que ya había puesto sus ojos en América Latina (véase Fibra 6). La ITT adquirió primero a la Compañía Telefónica Argentina, que estaba sufriendo problemas financieros, y a otras tres operadoras menores de la región pampeana. Y en 1929 concretó el salto con la compra a los británicos de la Unión Telefónica, fusionando a todas sus controladas en una nueva empresa que siguió operando bajo el nombre de UT. Por los siguientes 17 años, esa compañía de capitales estadounidenses ejerció un monopolio en la ciudad de Buenos Aires y buena parte de la región pampeana, y mantuvo el control de cerca del 90% de las líneas del país.
Durante esos años, la expansión de la UT, así como de la CET y la CAT, implicó un proceso de concentración relativa del negocio, reduciendo el número de operadoras a 89 para 1936, y a sólo 43 para 1941. Por otro lado, se registró una notable expansión de las líneas, que pasaron de 205 000 en 1927 a 460 587 en 1941, lo que representaba cerca del 40% de las líneas totales de América Latina (superando a países como México y Brasil). A pesar de la fuerte expansión, la integración nacional de las redes siguió durante años sin ser obligatoria, a la vez que no estaba en el interés comercial de las empresas competidoras. Se llegó así a una situación en la cual, por ejemplo, abonados de la CAT en el norte argentino no podían comunicarse con abonados de la UT en la región pampeana, aunque sí podían realizar llamadas a Europa, mientras que abonados de la UT no podían conectarse con otros en Mendoza, pero sí con Europa o Estados Unidos.
La primera etapa de desarrollo de los servicios telefóni­cos en Argentina comprendió sesenta y cinco años de gestión privada en un contexto de escasa regulación pública, en los que el interés comercial de las empresas participantes operó como principal factor de desarrollo.
El control público sobre la telefonía: tardío, poco efectivo
El otorgamiento de autorizaciones específicas por compañía fue durante décadas la única intervención pública sobre el sector. Estos permisos variaban sus términos caso a caso, pero fue regla general la ausencia de obligaciones explícitas: no se fijaba plazo, ni pago de canon, ni control tarifario, ni requerimientos de calidad o cobertura. Eso resultó en un marco legal precario, que fue aprovechado por las empresas, principalmente las más grandes, para reforzar su poder de mercado y sus atribuciones sobre los abonados (Belini, 2013).
La intervención pública sobre el sector fue emergiendo con el paso del tiempo, bajo un esquema de golpes incrementales, producto de reacciones específicas ante la evidencia de problemas concretos, o como respuesta a planteos que daban cuenta de las tendencias internacionales. No haremos acá más que una enumeración sucinta, pero nos apresuramos a advertir que el Estado contó siempre con serias dificultades para hacer efectivo su cumplimiento.
La expansión fragmentada del servicio, junto a los crecientes problemas de jurisdicción para redes que se volvían cada vez más interurbanas y/o interprovinciales, atrajo finalmente la atención de las autoridades nacionales en 1904, con la sanción de la Ley 4408. Allí se declaró “comprendidas en las disposiciones de la Ley de Telégrafos Nacionales […] a las empresas de teléfonos y de radiotelegrafía que liguen un territorio federal con una provincia, dos provincias entre sí o un punto cualquiera de la Nación con un Estado extranjero”. Más allá de eso, no se incorporaba ningún tipo de regulación específica sobre el servicio telefónico.
En 1907, ante nuevas protestas por la política de precios de la UT, el presidente Figueroa Alcorta estableció por Decreto la fijación de la tarifa, que correspondía a un abono mensual fijo con un número ilimitado de comunicaciones (diferenciado para familias y comercios, y con un precio más elevado para la ciudad de Buenos Aires sobre el interior del país). No obstante, las compañías podían solicitar la actualización de la tarifa mediante informes de su situación financiera, y repetidamente se denunció la manipulación de sus estados contables con ese fin (Sánchez de Bustamante, 1942).
Entre 1910 y 1912 se dio un intento de mayor intervención pública, probablemente influenciado por las tendencias que se registraban a nivel mundial. Como vimos en Fibra 3 al considerar la evolución de las políticas de regulación a nivel mundial, en esos años se emprendió la nacionalización y unificación de los servicios telefónicos en grandes monopolios estatales en varios países de Europa, así como la instauración de un monopolio privado bajo observación pública en Estados Unidos. En 1910 se sancionó la Ley 7501, que comandaba “la ejecución de los estudios necesarios para la construcción de una red de comunicaciones telefónicas en todo el territorio de la Nación”, y que resultó en un proyecto para la compra de las redes troncales de las operadoras privadas. Y en 1912 el presidente Sáenz Peña sancionó dos decretos que establecían “las Bases para las concesiones telefónicas”. En una regulación severa, se establecía el carácter precario de las autorizaciones vigentes, sometiendo a las operadoras existentes y futuras a un régimen de concesión con un límite temporal de 30 años, tras lo cual debían revertir la propiedad de las redes al Estado Nacional (que además se reservaba el derecho de rescatarlas con anterioridad). También se ratificaba la potestad de control tarifario, se introducían obligaciones de cobertura y de interconexión de redes para las operadoras, y se establecía que en adelante sólo se concesionaría a una empresa por localidad (sin afectar a aquellas donde ya hubiera más de una).
Los decretos recibieron la dura crítica de las compañías, y las crónicas relatan que ya para 1913 el gobierno había flexibilizado su posición, depreciando el cumplimiento de esas normas (Berthold, 1921). Acorde con ello, en 1920 el presidente Yrigoyen emitió un nuevo decreto suspendiendo a los anteriores por resultar “parcialmente inaplicables y en la práctica inconvenientes”, y el servicio volvió a quedar sujeto a la ley de Telégrafos “hasta que se dictase oportunamente una nueva reglamentación”.
Lo que recién ocurrió en 1935, cuando ante la evidencia de los problemas que causaba la falta de interconexión de las redes, el presidente Justo sancionó un decreto para hacerla obligatoria, impulsando además un proceso de intercambio de redes entre compañías con el fin de avanzar en la unificación por regiones. Lo que se complementó con otro decreto de 1936 que establecía la “Reglamentación completa del servicio público telefónico nacional”, dirigido a “dar fin a una anarquía de regímenes de todo punto inconveniente […] en perjuicio del servicio mismo, que necesariamente debe realizarse dentro de una unidad de concepto que permita sea tan eficaz como las necesidades públicas lo exigen”. Allí se declaraba a la telefonía como un servicio público sujeto a jurisdicción nacional, fijando como autoridad de contralor a la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, estableciendo condiciones para su explotación y desarrollo, así como la aplicación de tarifas de abono “razonables y justas”. Asimismo, se ratificaba que los permisos con los que las empresas venían operando eran de carácter precario, remarcando que podían ser cancelados por la autoridad nacional. El decreto, que también recibió la dura crítica de las operadoras, encontró no obstante serias dificultades para su aplicación efectiva: aunque gradualmente se procedió a la interconexión de las redes, persistieron las resistencias a la regulación tarifaria, y se mantuvo por décadas la operación sobre la base de a los precarios permisos locales.
Conclusión. La tendencia a la concentración y al monopolio en telefonía
La primera etapa de desarrollo de los servicios telefónicos en Argentina comprendió sesenta y cinco años de gestión privada en un contexto de escasa regulación pública, en los que el interés comercial de las empresas participantes operó como principal factor de desarrollo. En ese marco, se fue consolidando una empresa claramente dominante a nivel nacional y que alcanzó una posición monopólica allí donde sus intereses de negocios lo dictaron: la UT mantuvo desde el comienzo un fuerte dominio sobre la región más rentable del país, el área metropolitana de Buenos Aires y las principales localidades de la región pampeana, y a partir del ingreso de la ITT lo consolidó como monopolio, convirtiéndose en operadora única en la mayor parte de esa zona. Durante esos años, su participación se mantuvo siempre cercana al 90% del total de las líneas. Por otro lado, allí donde la UT, o la CET o la CAT, no se propusieron brindar servicios, se establecieron y persistieron otras operadoras privadas de menor tamaño o emergieron pequeñas cooperativas en localidades específicas. En general, se replicó también un esquema de empresa única, o en todo caso de empresa dominante.
Esa dinámica del negocio estaría vinculada a una característica de la que ya se estaba dando cuenta institucionalmente a nivel internacional: rasgos como el peso de las economías de red y de escala determinaban las condiciones de monopolio natural del mercado telefónico, al menos durante su extensa etapa electromecánica. Consideraciones de ese tipo, en conjunción con argumentos políticos como soberanía, defensa e independencia nacional habían alentado la formación de grandes monopolios estatales en la Europa de entreguerras. Esa orientación de política no se implementó en el país (ni aclaremos fuera de Europa en general), sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso en marcha un proceso de difusión internacional que fue tornando al monopolio público como la práctica usual para el sector (veáse Fibra 3).
En el país, esa política fue puesta en marcha por el primer gobierno de Perón en 1946, en un proceso que comprendió primero la nacionalización de la compañía dominante UT, y se extendió progresivamente mediante la adquisición de otras operadoras en el interior. Pero esa ya es otra historia, sobre la que trataremos en el próximo número de Revista Fibra.
Referencias:
– Belini, C. (2013): Peronismo, nacionalizaciones y sociedades mixtas. El fracaso de EMTA, HIB.
– Berthold, M. (1921): History of the telephone and telegraph in the Argentine Republic 1857-1921.
– Giulinao, G (2008): Redes de información: Las telecomunicaciones en la Argentina de 1855 a 1936.
– Mulleady, R. (1956): Breve Historia de la Telefonía Argentina (1886-1956),Kraft.
– Sánchez de Bustamante, T. (1942): Los servicios públicos de teléfonos en la Argentina, FCE-UBA.
– Szymanczyk, O. (2011): Historia de las telecomunicaciones en la República Argentina, Dunken.
– Tesler, M. (1999): Teléfonos en la Argentina. Su etapa inicial, Eds. Biblioteca Nacional y Página/12.

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